La Asamblea integró este miércoles las 12 comisiones especializadas permanentes y la de Fiscalización y Control Político. El Pleno aprobó el proyecto presentado por la legisladora María José Carrión con 130 votos afirmativos, uno en contra y 5 abstenciones. 

La relación entre Petroecuador y Worley Parsons International (WPI) y su subcontratada Tecnazul está bajo la lupa. Esta sucursal extranjera de origen australiano tuvo un papel estratégico como proveedora y fiscalizadora de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, en donde se tejió una presunta red de corrupción. Desde fines del 2011, WPI se ha beneficiado de tres contratos principales y ocho complementarios, que suman USD 227,5 millones. Este monto la ubica como segunda contratista de uno de los proyectos emblemáticos de la revolución ciudadana, tras la surcoreana SK Engineering & Construction, que se benefició de contratos por USD 760 millones.

A la suscripción del primer acuerdo (Nro 2011030), el 14 de noviembre del 2011, para la fiscalización y gerenciamiento de este proyecto asistieron Marcelo R., exgerente de Refinación y quien está indagado por supuesto peculado, y Wayne Montgomery, exapoderado de la firma extranjera. La adjudicación se realizó de forma directa, sin concurso público, por USD 38,6 millones. WPI se constituyó como empresa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías, 11 días después de la suscripción del contrato. El mismo día que se firmó el contrato inicial, Montgomery subcontrató el servicio a la firma ecuatoriana Tecnazul, por USD 12,2 millones, tres veces menos que el valor acordado con Petroecuador. Las subcontrataciones, según el art. 79 de la Ley de Contratación Pública, no pueden superar el 30% del monto del contrato reajustado.

En este caso, solo con relación al contrato principal, fue del 31,8%. Juan Carlos Paredes, procurador judicial de Pedro Merizalde, gerente de ‘Petro’, en un oficio enviado a la Fiscalía, explicó que la subcontratación se realizó sin autorización del exgerente de Refinación, como establece el mismo contrato. Tampoco contó con la aprobación previa, cuando se requería de personal adicional al indicado en su oferta técnico-económica y para cambios en la estructura de la nómina. Estaba previsto que la fiscalización de este proyecto tomara 24 meses, es decir, hasta noviembre del 2013, pero se extendió tres años más. Esta ampliación devino en la firma de cinco contratos complementarios por USD 153,8 millones. Es decir, casi cuatro veces más al del contrato principal.

Durante este tiempo, WPI se convirtió en la pieza clave por la que pasaban todas las ofertas de los grandes contratistas y de sus obras, como SK, General Electric, UOP Processes International INC, Sesmo, KBC, etc. Ningún acuerdo se firmaba sin antes contar con su aval. De la revisión de contratos que este Diario realizó llama la atención que el costo de fiscalización, en algunos casos, es mayor al de la obra. Un ejemplo: la supervisión de la rehabilitación de las Unidades Catalíticas III costó USD 878 483, cuando el contrato fue de USD 210 000, es decir, cuatro veces más del monto de la obra.

 

Tomado de: ElComercio.com