El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, afirmó recientemente que, si el Gobierno no atiende las demandas del paro nacional, las bases podrían “tomarse Quito”, frase que motivó la presentación de una denuncia penal por presunta instigación y terrorismo ante la Fiscalía General del Estado.
Qué dijo Vargas
Vargas declaró en una asamblea comunitaria que, ante la falta de respuesta estatal, la movilización podría radicalizarse y avanzar hacia la capital, con el objetivo de presionar por la derogatoria del Decreto 126 y la restitución de políticas que consideran indispensables para sus comunidades.
Denuncia penal presentada
Legisladores y sectores políticos presentaron un acto urgente solicitando a la Fiscalía que investigue posibles delitos como instigación pública, asociación ilícita y terrorismo supuestamente derivados de las declaraciones y la organización de las movilizaciones; la denuncia exige diligencias inmediatas y peritajes digitales para verificar vínculos y financiamiento.
Aclaración y defensa de Vargas
El dirigente indígena emitió mensajes públicos en los que negó ser “terrorista”, sostuvo que la lucha es por vida y dignidad y reiteró que la protesta no está dirigida contra las ciudades sino contra el abandono y la desigualdad; ofreció colaboración con las indagaciones judiciales y pidió que también se investiguen actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.
Reacciones oficiales y políticas
La bancada oficialista y autoridades locales criticaron las declaraciones de Vargas y exigieron medidas legales para evitar desbordes, mientras organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos llamaron a garantizar el debido proceso y proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
Perspectiva inmediata
La Fiscalía evaluará la admisibilidad de la denuncia y, de abrir investigación formal, deberá determinar si las expresiones constituyen instigación penal o si están amparadas por la libertad de expresión en el marco de un conflicto social que sigue en desarrollo.