Con 81 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en segundo debate la reforma constitucional que elimina la obligación del Estado de financiar el funcionamiento y las campañas electorales de partidos y movimientos políticos. La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, modifica los artículos 110 y 115 de la Constitución y será sometida a un referéndum en diciembre de 2025 para su ratificación final. De ser aprobada por la ciudadanía, la medida entrará en vigor para las elecciones seccionales de 2027, marcando un cambio histórico en el sistema político ecuatoriano.
Detalles de la Reforma
La reforma suprime el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral, que desde 2008 han destinado más de $263 millones a organizaciones políticas, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). El artículo 110 ahora establecerá que los partidos y movimientos se financiarán exclusivamente con aportes de sus afiliados y simpatizantes, mientras que el artículo 115 prohibirá el uso de recursos e infraestructura estatales para campañas electorales, manteniendo controles estrictos sobre el gasto electoral, conforme al Código de la Democracia.
El asambleísta Esteban Torres (ADN), presidente de la Comisión Ocasional que tramitó la reforma, destacó que la eliminación de estos fondos permitirá ahorrar recursos públicos para sectores prioritarios como salud, educación y seguridad. “Desde 2008, el Estado ha gastado $260 millones en partidos que no siempre transparentan sus recursos. Esta reforma responde al clamor ciudadano de acabar con el mal uso de fondos públicos”, afirmó Torres.
Proceso y Cronograma
La Corte Constitucional dio luz verde al proyecto el 28 de noviembre de 2024, declarando que no altera los procedimientos constitucionales ni restringe derechos fundamentales. Tras la aprobación en la Asamblea el 7 de agosto de 2025, el texto regresará a la Corte para un nuevo control de constitucionalidad. Si se aprueba, el CNE convocará un referéndum dentro de 45 días, con un plazo de 60 días para organizarlo, programado tentativamente para diciembre de 2025. La reforma no aplicará a las elecciones generales de febrero de 2025, sino a los comicios de 2027 y las presidenciales de 2029.
Reacciones y Controversias
El oficialismo, liderado por Acción Democrática Nacional (ADN), celebra la reforma como un paso hacia la austeridad y la transparencia. Sin embargo, la oposición, especialmente Revolución Ciudadana y Construye, advierte sobre sus riesgos. La asambleísta Nubia Butiña (RC) calificó la medida de “absurda”, argumentando que favorece a candidatos con grandes recursos económicos y podría abrir la puerta a fondos ilícitos, debilitando la equidad electoral. “Sin financiamiento público, solo los ricos podrán competir, afectando a sectores populares”, señaló Butiña.
Jorge Peñafiel (Construye) acusó al gobierno de usar la reforma como una estrategia electoralista para desviar la atención de problemas como la inseguridad y los apagones. Por su parte, expertos como Nicanor Moscoso, consultado por la Asamblea, sugirieron regular mejor el uso de los fondos en lugar de eliminarlos, para evitar desigualdades en la contienda electoral.
Implicaciones y Desafíos
La eliminación del financiamiento estatal obligará a los partidos a depender de aportes privados, lo que plantea retos para organizaciones pequeñas sin acceso a grandes donantes. El CNE mantendrá topes de gasto electoral y controles para evitar financiamiento externo o ilícito, pero la falta de recursos públicos podría limitar la participación de sectores históricamente excluidos, según la Conaie. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, enfatizó la necesidad de preservar fondos para el Instituto de la Democracia, que depende del Fondo Partidario para formación política.
Desde 2008, el Estado ha destinado $81 millones al Fondo Partidario y $121 millones a la promoción electoral, según el CNE. La reforma busca redirigir estos recursos, pero críticos advierten que, sin un marco robusto de fiscalización, el riesgo de dinero no declarado en campañas podría aumentar, como ocurrió en casos investigados por la Fiscalía en 2013.
Hacia el Referéndum
La consulta popular de diciembre incluirá esta reforma junto a otras, como la autorización de bases militares extranjeras. Mientras el gobierno defiende la medida como una respuesta al mal uso de fondos públicos, la oposición llama a un debate profundo sobre sus implicaciones democráticas. En redes sociales, hashtags como #NoAlFinanciamientoEstatal y #DemocraciaEnRiesgo reflejan la polarización, con usuarios como @EcuadorChequea pidiendo transparencia en los aportes privados. El futuro del sistema político ecuatoriano dependerá de la decisión ciudadana en las urnas.