El presidente Daniel Noboa presentó una propuesta de reforma constitucional para reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional de 151 a 71, como parte de un paquete de siete preguntas para una consulta popular programada para diciembre de 2025. La iniciativa, que busca optimizar el gasto público y modernizar las instituciones, ha generado un intenso debate entre quienes la ven como una medida de eficiencia y quienes advierten riesgos de concentración de poder y menor representatividad.
Detalles de la Propuesta
La reducción de asambleístas, incluida en las preguntas enviadas a la Corte Constitucional el 31 de julio de 2025, propone modificar el artículo 120 de la Constitución para disminuir los escaños de los actuales 151 (137 nacionales y provinciales, más 14 de circunscripciones especiales) a 71, distribuidos proporcionalmente por población y regiones. Según el Ejecutivo, la medida ahorraría aproximadamente $20 millones anuales en salarios, personal de apoyo y gastos operativos, recursos que serían redirigidos a seguridad, salud y educación.
El presidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea, Esteban Torres (ADN), argumentó que una legislatura más pequeña sería más ágil y menos propensa a la burocracia. “Ecuador no necesita una Asamblea inflada que diluya la representación y encarezca la gestión pública”, afirmó. La propuesta también incluye la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el permiso para casinos en hoteles de cinco estrellas y la autorización de bases militares extranjeras, entre otros puntos.
Reacciones y Polémica
La iniciativa ha dividido opiniones. El partido Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa y aliados como el Partido Social Cristiano (PSC) respaldan la reforma, destacando que 71 legisladores serían suficientes para representar a los 18 millones de ecuatorianos, basándose en modelos de países con legislaturas más compactas. Sin embargo, la oposición, liderada por Revolución Ciudadana (RC) y el movimiento indígena Pachakutik, califica la propuesta como un intento de consolidar poder. La asambleísta Nubia Butiña (RC) advirtió que reducir los escaños limitaría la pluralidad y afectaría la representación de provincias menos pobladas y grupos minoritarios, como los afroecuatorianos y las nacionalidades indígenas.
La Conaie, a través de su presidente Leonidas Iza, expresó preocupación por la posible pérdida de los seis escaños de circunscripciones especiales, que garantizan voces para comunidades históricamente marginadas. “Esto no es eficiencia, es un retroceso democrático que beneficia a las élites urbanas”, señaló Iza. Analistas como Marcelo Espinel, citado por Primicias, advierten que una Asamblea más pequeña podría facilitar el control del Ejecutivo sobre el Legislativo, especialmente tras la elección de Niels Olsen, aliado de Noboa, como presidente de la Asamblea en mayo de 2025.
Contexto y Proceso
La propuesta se enmarca en la agenda de “modernización institucional” de Noboa, quien busca consolidar su liderazgo tras su reelección en abril de 2025 con el 55.8% de los votos. La Asamblea actual, con 66 escaños para ADN y 67 para RC, ha sido un campo de batalla para aprobar reformas, como el aumento del IVA y medidas de seguridad. Reducir el número de legisladores podría fortalecer la influencia de ADN, aunque enfrenta el desafío de un Congreso fragmentado y alianzas frágiles con el PSC y Pachakutik.
La Corte Constitucional revisará la constitucionalidad de la pregunta en las próximas semanas. Si se aprueba, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizará el referéndum en diciembre, con un costo estimado de $60 millones. La reforma, de ser ratificada por la ciudadanía, aplicaría a partir de las elecciones seccionales de 2027, reduciendo los escaños para el período legislativo 2027-2031.
Implicaciones y Perspectivas
La reducción de legisladores busca responder al descontento ciudadano con la clase política, en un contexto de crisis económica y de seguridad, con 3,094 homicidios registrados en los primeros cuatro meses de 2025, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, expertos advierten que una Asamblea más pequeña podría complicar la fiscalización del Ejecutivo y reducir la diversidad de voces, especialmente en un país con marcadas diferencias regionales.