Este miércoles 3 de septiembre de 2025, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin político en la capital ecuatoriana.
Desplazamiento y aplazamientos
La jueza María Daniela Ayala encabezó la diligencia poco antes de las 09:00. Previamente, Ronny Aleaga logró aplazar la primera convocatoria por un procedimiento dental de su abogado, y Xavier Jordán solicitó un segundo diferimiento alegando coincidencia de audiencia. La magistrada rechazó esta última petición, advirtiendo sobre posibles multas y sanciones por falta de lealtad procesal si los defensores no comparecen en la próxima fecha.
Presencia y ausencias de los investigados
José Serrano permanece retenido en Estados Unidos y Xavier Jordán y Ronny Aleaga se encuentran en el extranjero, por lo que no comparecieron en sala. Daniel Salcedo, recluido en una cárcel de Quito, participó de forma telemática. La Fiscalía informó que tramitará sus peticiones ante la Interpol para emitir circulares rojas y asegurar la presencia de los ausentes en el proceso penal.
Teoría del caso y solicitud de medidas cautelares
Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo expuso la teoría del caso basada en un testigo protegido y presentó un video que vincula al expresidente Rafael Correa con el magnicidio. Además, solicitó al tribunal que imponga prisión preventiva para los cuatro investigados y medidas de protección para las víctimas indirectas, argumentando el alto riesgo de fuga y obstrucción de la investigación.
Víctimas e implicación familiar
Las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, y la viuda y representante de su hijo menor, Verónica Sarauz, estuvieron presentes como víctimas indirectas y pidieron integrarse al Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Sarauz también solicitó poder conectarse de forma remota a las siguientes diligencias por razones de seguridad personal.
Próximos pasos
La jueza Ayala tiene ahora la responsabilidad de resolver el pedido de prisión preventiva o, en su defecto, imponer medidas alternativas. También determinará el tiempo de la etapa de instrucción fiscal y fijará las nuevas fechas para garantizar el avance del proceso, considerado uno de los casos de mayor impacto político y social en Ecuador.