Hoy se cumplen dos años del asesinato de Fernando Villavicencio Valencia, periodista, exasambleísta y candidato presidencial por el Movimiento Construye, ultimado el 9 de agosto de 2023 tras un mitin político en Quito. Su muerte, a los 59 años, marcó un punto de inflexión en la historia política de Ecuador, exponiendo la infiltración del crimen organizado en las instituciones y dejando un vacío en la lucha contra la corrupción. A pesar de sentencias contra los autores materiales, la búsqueda de los autores intelectuales sigue sin respuestas claras, mientras su familia y seguidores exigen justicia y honran su legado de valentía.
Un Hombre de Denuncias Incansables
Nacido el 11 de octubre de 1963 en Alausí, Chimborazo, Fernando Villavicencio se forjó como periodista de investigación y activista político en un país marcado por la corrupción y el poder político autoritario. Estudió comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia y comenzó su carrera como sindicalista, asesorando al asambleísta Cléver Jiménez. Su trayectoria lo llevó a enfrentarse a figuras de alto perfil, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), al destapar casos como los sobornos de Odebrecht, que derivaron en una sentencia de 15 años contra el expresidente, hoy asilado en Bélgica.
Villavicencio pagó un alto precio por su trabajo. En 2013, tras allanamientos a su hogar y la incautación de sus archivos, se vio obligado a pasar a la clandestinidad junto a otros activistas para evitar 18 meses de prisión por injurias contra Correa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, permitiéndole continuar su labor. Como presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional (2021-2023), denunció casos de corrupción en sectores como el petróleo, la salud y la justicia, vinculados a lo que denominó “narcoestado”. Sus investigaciones, publicadas en el portal La Fuente, dejaron un archivo digital que hoy sus hijas, Amanda y Tamia, consideran una “enciclopedia” de la corrupción ecuatoriana.
En 2023, como candidato presidencial, Villavicencio prometió combatir el narcotráfico y depurar las instituciones. Días antes de su asesinato, denunció amenazas de los Choneros, liderados por Adolfo Macías, alias “Fito”, y señaló vínculos entre mafias políticas y criminales. Su último mitin, en el coliseo del excolegio Anderson en Quito, terminó con su vida cuando sicarios le dispararon al subir a su vehículo. “A nosotros esta democracia nos ha costado la vida”, había dicho horas antes, en un discurso que resonó como un presagio.
El Magnicidio y sus Consecuencias
El asesinato de Villavicencio, a 11 días de las elecciones anticipadas de 2023, conmocionó al país y al mundo. Ocurrió tras la disolución de la Asamblea por el expresidente Guillermo Lasso mediante la “muerte cruzada”. El ataque, perpetrado por sicarios colombianos vinculados a Los Lobos, dejó 13 heridos, incluidos policías y simpatizantes. La rápida detención de seis sospechosos en Las Monjas, Quito, fue seguida por un hecho inquietante: todos fueron asesinados en prisión en octubre de 2023, en circunstancias no esclarecidas, obstaculizando la investigación.
En julio de 2024, un tribunal sentenció a cinco personas: Carlos Angulo, alias “Invisible”, y Laura Castillo, alias “La Flaca”, recibieron 34 años y 8 meses como autores mediatos, mientras que Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo fueron condenados a 12 años como cómplices. La Fiscalía presentó 80 testigos, videos de seguridad, peritajes balísticos y análisis financieros, confirmando que Angulo ordenó el crimen desde la cárcel de Cotopaxi. Sin embargo, las investigaciones sobre los autores intelectuales, manejadas bajo reserva, no han avanzado significativamente, alimentando las críticas de la familia Villavicencio.
El testimonio de Daniel Salcedo, procesado por corrupción, señaló a figuras como Xavier Jordán y Ronny Aleaga como posibles financistas, con un costo estimado de $200,000 para el crimen. Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, apunta a alias “Fito” como alguien que podría esclarecer quién ordenó matar a los sicarios, dado su control en la Cárcel Regional de Guayaquil. La familia denuncia negligencias de la Fiscalía y la Policía, incluyendo la filtración de un testimonio clave y la falta de protección adecuada para Villavicencio, cuya ubicación era compartida en tiempo real.
Un Legado que Perdura
El asesinato de Villavicencio impulsó al Movimiento Construye, que, con Christian Zurita y Andrea González como candidatos, logró 1.5 millones de votos en 2023, consolidándose como una fuerza política. Su legado también inspiró la creación del movimiento civil Fuerza Valiente, liderado por González, que promueve justicia y desarrollo sostenible. Sin embargo, la familia ha expresado preocupación por el uso electoralista de su nombre, exigiendo que su memoria no sea apropiada por intereses políticos.
Amanda y Tamia Villavicencio, sus hijas, han asumido un rol público para exigir justicia. “Si permitimos la impunidad, nadie estará a salvo”, declararon en X, mientras Alexandra Villavicencio, su hermana, denuncia una “megaestructura criminal” detrás del crimen. En Alausí, su tierra natal, hoy se realizan actos conmemorativos, incluyendo una pambamesa, una misa y eventos culturales, bajo el lema “Sembremos valentía”. Su viuda, Verónica Sarauz, critica la falta de voluntad política del gobierno de Noboa para resolver el caso, mientras la Asamblea debate informes contradictorios: uno de mayoría acusa a Lasso de omisiones en seguridad, y otro de minoría señala el crimen como político.
Un Llamado a la Verdad
A dos años del magnicidio, el caso Villavicencio sigue siendo un símbolo de los desafíos de Ecuador frente al narcotráfico y la corrupción. Su muerte destapó casos como Metástasis, Purga y Plaga, que revelaron nexos entre el crimen organizado y la política. Sin embargo, la falta de avances en identificar a los autores intelectuales refuerza la percepción de impunidad. Como escribió Amanda Villavicencio, “somos las voces que no pudieron callar”, un eco de la lucha de su padre contra las mafias que aún resuena en un país que clama por justicia.