El Consejo de Administración Legislativa dispuso la suspensión por 90 días sin sueldo de la asambleísta Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana, tras un proceso por supuestas faltas administrativas muy graves por hechos ocurridos en una sesión de la Comisión de Biodiversidad.
Hechos que motivaron la sanción
La queja fue presentada por la asambleísta Nataly Morillo (ADN) luego de que Palacios, durante la sesión sobre el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, imputara públicamente al presidente Daniel Noboa y a la primera dama Lavinia Valbonesi de presunto tráfico de influencias vinculado a la empresa minera Dundee Precious Metals y de una supuesta entrega de recursos a la Fundación Ana; además, se le atribuye haber alterado el orden con gritos y la exhibición de carteles que interrumpieron la sesión.
Fundamentos legales de la sanción
El CAL aplicó los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tipifican como faltas muy graves el provocar incidentes o instigar a la violencia en sesiones y expresarse con términos ofensivos o que inciten al odio; la sanción máxima para esas faltas es la suspensión sin remuneración de 31 a 90 días, y en este caso se fijó el tope de 90 días.
Defensa de la asambleísta y antecedentes
Palacios sostuvo que su intervención se enmarcó en la fiscalización parlamentaria y que no hubo expresiones violentas u ofensivas; además, denunció la vulneración de sus derechos como legisladora y como madre lactante. No es la primera sanción contra ella: en 2024 ya recibió una suspensión de 60 días por otra falta administrativa, lo que añade tensión al historial disciplinario de la legisladora.
Reacciones políticas y consecuencias institucionales
Desde sectores oficialistas se interpretó la decisión como un mensaje de orden y disciplina al interior del Legislativo; por su parte, voces de la oposición y algunos analistas advierten que la sanción puede ser leída como una restricción al ejercicio de la fiscalización política y afectar la dinámica entre bancadas. El cumplimiento de la suspensión será inmediato mientras se tramitan posibles recursos de apelación que Palacios podría presentar ante la misma autoridad.
Próximos pasos y alcance del caso
El expediente queda marcado por la posibilidad de recursos administrativos internos; en lo práctico, la asambleísta estará inhabilitada para percibir remuneración y limitará su participación formal en comisiones y sesiones durante tres meses, con efectos políticos sobre la bancada RC y el proceso de control político alrededor del proyecto minero en discusión.