El Decreto Ejecutivo 193, firmado el 7 de marzo, extiende la medida a nivel nacional por grave conmoción interna y conflicto armado interno, incluyendo todos los centros de privación de libertad.
El estado de excepción comenzó el 8 de enero en respuesta a la escalada de violencia tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel Regional de Guayaquil.
Las restricciones incluyen la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia, con estrictos requisitos para su aplicación, como la identificación, análisis y recopilación de mensajes relacionados con el ocultamiento de personas privadas de libertad o actividades ilícitas.
El decreto 193 reitera que el objetivo del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica.
Las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben ajustarse al marco legal y respetar los derechos humanos. Además, se establece la responsabilidad de los servidores públicos por cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus funciones.