Carlos Renato Ortuño Cevallos, abogado de 38 años que quedó cuadripléjico tras un intento de asesinato en 2023, falleció este sábado en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La familia no confirmó si su muerte se produjo mediante el procedimiento de eutanasia activa voluntaria, aprobado apenas cinco días antes por un comité interdisciplinario del IESS. Ortuño se convierte en el segundo caso de eutanasia en Ecuador desde su despenalización en febrero de 2024, tras el precedente de Paola Roldán, quien accedió al procedimiento en mayo de 2025.
El trágico suceso que cambió la vida de Ortuño ocurrió el 23 de junio de 2023, cuando fue víctima de un intento de sicariato en el sector de La Mariscal, en Quito. Mientras ingresaba a su oficina en la avenida Amazonas y Jerónimo Carrión, fue atacado por cuatro sicarios que le dispararon a corta distancia. Una bala afectó su médula espinal a la altura del cuello, provocándole cuadriplejía y un 98% de discapacidad física irreversible. “No puedo hacer absolutamente nada por mí mismo”, expresó Ortuño en un video difundido en redes sociales, donde describió su sufrimiento constante por dolores intensos y complicaciones derivadas de su inmovilidad.
Durante más de dos años, Ortuño y su esposa Daniela buscaron tratamientos en Ecuador, Colombia, México y España, invirtiendo miles de dólares en terapias y cirugías sin resultados positivos. Ante el deterioro de su calidad de vida y el dolor crónico, el abogado solicitó la eutanasia el 4 de julio de 2025, amparado en la sentencia histórica de la Corte Constitucional que despenalizó el procedimiento tras el caso de Paola Roldán, una paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “Aunque me rompe su decisión, le respeto y acompaño con amor”, manifestó su esposa en declaraciones previas, destacando el apoyo familiar durante el proceso.
El Comité Interdisciplinario del IESS evaluó el caso en tres sesiones entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre de 2025, confirmando la aprobación el 8 de septiembre. El procedimiento se programó en el HCAM, donde Ortuño recibiría una “muerte digna” para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que la familia no ha revelado detalles sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento, lo que ha generado especulaciones en redes sociales y medios locales.
El caso de Ortuño ha reactivado el debate nacional sobre el derecho a la muerte digna en Ecuador. Organizaciones como el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han destacado su lucha por la autonomía y dignidad, mientras que sectores conservadores cuestionan la aplicación de la ley. Por el atentado, un sospechoso fue sentenciado a 22 años y ocho meses de prisión, aunque Ortuño siempre sostuvo que el ataque fue un error.
La muerte de Ortuño marca un hito en la implementación de la eutanasia en el país, donde solo se han registrado dos casos oficiales desde la despenalización. Autoridades del IESS y el Ministerio de Salud Pública no han emitido declaraciones adicionales, pero se espera que el caso impulse discusiones sobre protocolos y apoyo a pacientes en situaciones similares