En un giro inesperado en el caso del ataque a la caravana presidencial, un juez de la provincia de Cañar ordenó la liberación inmediata de los cinco individuos detenidos el día anterior por presuntamente participar en un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa. La decisión se basa en la falta de pruebas concretas que vinculen a los acusados con un acto deliberado de violencia armada, catalogándolo en cambio como una manifestación descontrolada
El incidente ocurrió el martes 7 de octubre en la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar, cuando un grupo de aproximadamente 500 manifestantes lanzó piedras contra el vehículo en el que viajaba Noboa durante una visita oficial. El gobierno ecuatoriano calificó inicialmente el evento como un “intento de asesinato”, citando posibles disparos y daños en el convoy. La ministra de Energía, Inés Manzano, quien acompañaba al presidente, presentó una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de homicidio y terrorismo.
Sin embargo, durante la audiencia de flagrancia celebrada esta mañana, el juez determinó que las evidencias presentadas —incluyendo videos de testigos y declaraciones de la Policía— no demostraban la presencia de armas de fuego ni una intención premeditada de atentar contra la vida del mandatario. “Los actos observados corresponden a una protesta social exacerbada, no a un complot organizado”, argumentó el magistrado en su fallo. Los detenidos, identificados como agricultores locales y líderes comunitarios, fueron liberados bajo fianza y con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades mientras continúa la investigación.
La liberación ha generado reacciones mixtas. Desde el Palacio de Carondelet, el presidente Noboa emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la seguridad nacional: “No toleraremos la violencia, pero respetamos el debido proceso. Seguiremos trabajando por un Ecuador pacífico y próspero”. Por su parte, organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) celebraron la decisión, alegando que el ingreso de la caravana presidencial a la zona fue una “provocación política” en medio de protestas por temas ambientales y económicos.
El ataque dejó un saldo de un fallecido, más de 150 heridos entre civiles, policías y militares, y ha exacerbado las tensiones en las zonas rurales de Ecuador, donde el descontento por políticas gubernamentales como la explotación minera ha ido en aumento. Analistas políticos señalan que este episodio evidencia el “cóctel de descontento y violencia” que atraviesa el país, con posibles implicaciones para la estabilidad del gobierno de Noboa a medida que se acercan las elecciones.
La Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión judicial, argumentando que hay testimonios pendientes y pruebas balísticas que podrían revertir el fallo. Mientras tanto, las autoridades mantienen un fuerte despliegue de fuerzas en Cañar para prevenir nuevos disturbios. Este caso sigue en desarrollo, y se espera más información en las próximas horas.