El Comité Empresa de los Trabajadores de EP Petroecuador (CETRAPEP), junto con la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP), iniciaron este martes una huelga general que paraliza todas las operaciones de la estatal petrolera en Ecuador. La medida responde a la desvinculación de 1.256 trabajadores en 2025, incluyendo 936 en la última fase anunciada los días 8 y 9 de agosto, como parte del plan de reestructuración impulsado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Los gremios denuncian que los despidos, justificados por Petroecuador como una «optimización» para corregir salarios «sobrevalorados» y ahorrar USD 31 millones anuales, afectan a técnicos clave como geólogos, geofísicos, ingenieros y capitanes de amarre, comprometiendo la producción, transporte y comercialización de crudo. “Es un golpe a la operatividad de la empresa más grande del país. El Gobierno miente al decir que no afectará la producción”, afirmó David Almeida, secretario de ANTEP, en una entrevista radial.
La huelga, que incluye la paralización de refinerías, terminales marítimos y el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), fue anunciada tras el incumplimiento de promesas de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien, según CETRAPEP, aseguró que no habría más despidos. Los sindicatos también advierten que los recortes agravan un déficit de 1.200 trabajadores identificado en 2022 por la consultora Arthur D. Little, poniendo en riesgo la soberanía energética del país.
Petroecuador insiste en que las funciones de los despedidos serán asumidas por personal con perfiles equivalentes y que los ahorros se reinvertirán en proyectos estratégicos. Sin embargo, expertos como Francisco Paredes, abogado en derecho público, alertan sobre posibles demandas laborales que podrían generar mayores costos al Estado si los despidos no cumplen con la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) o el Código de Trabajo.
La paralización ha generado tensiones en el sector energético, con protestas en Quito y otras ciudades. Los gremios exigen la reincorporación de los trabajadores y un diálogo con el Gobierno para fortalecer Petroecuador. “No permitiremos que se desmantele la empresa que sostiene la economía nacional”, señaló un comunicado conjunto de ANTEP y SINTEP.