El sector del transporte en Ecuador ha convocado a un paro nacional a partir del próximo lunes 15 de septiembre, en respuesta a la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, lo que ha provocado un incremento inmediato en el precio del combustible de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Esta medida, anunciada mediante el Decreto 126 el pasado 12 de septiembre, ha generado reacciones inmediatas de rechazo por parte de gremios transportistas, organizaciones sociales y sindicales, quienes advierten que afectará directamente a la economía popular y podría elevar los costos de bienes y servicios básicos.
El anuncio gubernamental, realizado a través de una cadena nacional, incluye planes de compensación para sectores específicos, como bonos para transportistas de carga pesada y pasajeros, con el objetivo de redirigir los recursos ahorrados hacia programas sociales. Según el Ejecutivo, esta eliminación del subsidio al diésel para el sector automotor busca optimizar el gasto público y combatir el contrabando, beneficiando supuestamente a los más vulnerables mediante inversiones en salud, educación y seguridad. Sin embargo, los afectados argumentan que las compensaciones son insuficientes y que el verdadero impacto recaerá en el pueblo, exacerbando la inflación y la desigualdad.
Gremios como los transportistas independientes de carga pesada han emitido comunicados exigiendo la derogatoria inmediata del decreto, citando la “inseguridad” y el momento inoportuno para implementar tal medida. En Pichincha y Quito, el transporte público ha confirmado que suspenderá operaciones desde las 00:00 del lunes 15 de septiembre, invocando el “derecho a la resistencia” y demandando la actualización de tarifas para mitigar el alza. “Esta eliminación es un ataque directo al pueblo ecuatoriano”, manifestó la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), que planea movilizaciones para la próxima semana junto a otras entidades como la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores. La Unidad Popular también ha calificado la decisión como un “nuevo paquetazo” neoliberal, priorizando el pago de la deuda externa sobre el bienestar social, y exige declarar emergencias en salud y educación.
Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales y calles. En videos y publicaciones virales, se habla de un “mega paro” en preparación, con el pueblo “agitándose” por el encarecimiento de la canasta básica y el combustible. Transportistas de buses y carga pesada han convocado reuniones de emergencia, expresando sorpresa por la “sorpresiva” eliminación del subsidio, y advierten que sin soluciones, el paro podría extenderse indefinidamente.
Este no es el primer conflicto por subsidios en Ecuador. En años anteriores, medidas similares han desencadenado protestas masivas, como las de 2019 y 2022, que paralizaron el país y forzaron negociaciones con el gobierno. Analistas prevén que, si el paro se materializa, podría afectar el flujo de bienes esenciales, el transporte interprovincial y la economía nacional, en un contexto de ya elevada inseguridad y crisis social.
El gobierno ha reiterado que las compensaciones incluirán bonos directos y mejoras en infraestructura, pero hasta el momento, no ha respondido oficialmente a las convocatorias de paro. Organizaciones como Pachakutik y la CONAIE han llamado a la unidad para rechazar lo que ven como una política que sacrifica al pueblo en favor de intereses externos. Se espera que en las próximas horas más sectores se sumen a las protestas, mientras el país permanece en alerta ante posibles disrupciones.