El periodista de origen español-chileno Lautaro Bernat fue detenido el 5 de octubre mientras realizaba cobertura del paro nacional en Quito y deportado esa misma noche por decisión del Gobierno ecuatoriano, que lo calificó como una “amenaza para la seguridad” y sustentó la medida en un informe reservado.
Detención y procedimiento migratorio
Bernat fue apresado en la tarde del 5 de octubre durante una manifestación en el centro de Quito; posteriormente fue trasladado a dependencias migratorias, se le tomaron huellas digitales y se tramitó una audiencia de deportación inmediata antes de su salida del país.
Argumento oficial y normativa invocada
La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, confirmó la deportación y explicó que la medida se ampara en el artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que permite expulsar a extranjeros que representen un riesgo para el orden público; el Gobierno indicó que existe un informe reservado que respalda la decisión.
Reacciones de organizaciones y gremios de prensa
Organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos —entre ellos INREDH y Fundamedios— denunciaron irregularidades en el proceso y alertaron sobre violaciones al debido proceso y restricciones a la libertad de prensa, al afirmar que al comunicador se le negó contacto consular y defensa jurídica apropiada durante su detención.
Antecedentes y perfil del periodista
Bernat dirige el medio digital Pelofuego y había realizado coberturas en Imbabura y otras provincias desde el inicio del paro, donde transmitía en vivo eventos y denuncias sobre cortes de servicios y operativos policiales; en mayo de 2025 fue deportado previamente de Panamá por motivos que las autoridades de ese país señalaron como una amenaza al orden público.
Consecuencias y expectativas
La expulsión de Bernat generó pronunciamientos críticos de organizaciones que piden garantías para el trabajo periodístico en el marco de protestas sociales, mientras el Gobierno sostiene que seguirá aplicando la normativa migratoria para proteger la seguridad pública durante el paro nacional