En la tarde del 2 de septiembre de 2025, la Fiscalía Provincial de Cotopaxi emitió una citación para que Leónidas Iza, expresidente de la CONAIE, rinda su versión sobre el presunto secuestro de tres agentes de la Policía Nacional. El requerimiento está programado para este miércoles 3 de septiembre a las 09:00 en la sede del Ministerio Público en Latacunga.
Origen de la denuncia
A mediados de agosto, tres policías de Inteligencia llegaron hasta la comunidad de San Ignacio, en Toacaso, filmando el domicilio de Iza. Según el exdirigente, los uniformados intentaron atropellarlo al salir de su vivienda, lo que llevó a los comuneros a retenerlos bajo un proceso de justicia ancestral. La Policía Nacional sostiene que los agentes cumplían labores investigativas oficiales y tildó la retención de ilegal y arbitraria.
Justicia indígena y habeas corpus
La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (MICC) organizó audiencias comunitarias en las que revisaron alrededor de 5.000 archivos extraídos de los celulares de los policías y, tras ello, los agentes ofrecieron disculpas públicas antes de ser liberados la noche del 21 de agosto. Paralelamente, la Policía interpuso un recurso de habeas corpus para exigir la liberación inmediata de sus miembros y la sanción de los responsables de su retención.
Reacción de Carondelet y posición de Iza
Desde el Palacio de Carondelet, la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, ratificó que la Fiscalía lidera las diligencias para esclarecer los hechos y señaló que la denuncia por secuestro ya fue presentada, con la expectativa de un proceso “rápido y transparente”. Por su parte, Leónidas Iza calificó la citación de “persecución política” y defendió la aplicación de la justicia indígena como un mecanismo legítimo de resolución en su comunidad, al tiempo que ratificó su disposición a colaborar con la justicia ordinaria.
Próximos pasos y expectativas
Con la comparecencia de Iza este miércoles, la Fiscalía buscará determinar responsabilidades penales en torno al presunto delito de secuestro. El desenlace de este caso podría definir no solo el futuro legal del líder indígena, sino también reabrir el debate sobre los límites y alcances de la justicia ancestral frente al sistema judicial ecuatoriano.
Más allá de la cita judicial, la atención se centrará en cómo este episodio impacta la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, y si el caso servirá como precedente para futuros desencuentros entre autoridades y comunidades.