En la sesión plenaria convocada a las 10:00, la Asamblea Nacional desarrolló la segunda y definitiva discusión del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, iniciativa impulsada por el presidente Daniel Noboa para regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. La bancada oficialista defendió la normativa como una herramienta para prevenir el lavado de activos, mientras la oposición la calificó de innecesaria y con riesgo de silenciar a movimientos sociales críticos al Gobierno.
Los legisladores de la Revolución Ciudadana presentaron varias enmiendas y denunciaron la urgencia económica otorgada al proyecto, argumentando que Ecuador ya cuenta con una normativa vigente para enfrentar flujos ilícitos. La asambleísta Andrea González afirmó que la ley “pretende controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar” y advirtió que se trata de una “cortina de humo” ante la crisis sanitaria y la escasez de insumos en los hospitales públicos.
Por su parte, el bloque de Acción Democrática Nacional, mayoritario en el parlamento, defendió que existen antecedentes de cómo redes criminales han utilizado fundaciones y ONG para lavar activos, financiar el narcotráfico y sustentar redes de corrupción. La asambleísta Valentina Centeno aseguró que la propuesta incorpora mecanismos adicionales de auditoría y transparencia que complementan la legislación actual.
Al cierre de la jornada, la iniciativa quedó lista para votación en el pleno tras recibir el informe favorable de la Comisión de Desarrollo Económico, aprobado por siete legisladores el pasado 23 de agosto. El resultado en el pleno definirá si la ley avanza hacia su sanción ejecutiva o retorna a comisión para ajustes.