Si bien el Gobierno ha anunciado que el SNAI mantiene el control de las cárceles del país, se autoriza la intervención militar continua en el sistema carcelario.
El estado de excepción, ampliado por 30 días, abarca también el sistema penitenciario nacional.
La Corte Constitucional ha validado, entre otras medidas, la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, incluyendo el interior de todos los centros de privación de libertad bajo la administración del SNAI.
El decreto que aprueba la ampliación del estado de excepción establece la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, incluyendo las cárceles.
Adicionalmente, se contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, permitiendo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realicen inspecciones y requisas para encontrar escondites, espacios de almacenamiento de armas y explosivos, entre otros.
En estos meses, los militares han realizado requisas para decomisar armas, drogas y otros artículos prohibidos en las cárceles.